• Tiene hasta el 8 de marzo para presentar un recurso contencioso-administrativo, lo que alargaría el proceso y dispararía los costes financieros para Atlantia y ACS.
  • Aumenta la tensión en el Gobierno para llevar a la CNMV a los tribunales.
  • Cuidado, también tiene en cuenta una posible venganza de los fondos con ventas del valor.
Crece la tensión en el Gobierno ante la posible presentación de un recurso contencioso-administrativo contra la CNMV por su decisión de mantener la autorización de la OPA de Atlantia sobre Abertis. Obviamente, el Ejecutivo esperaba que el regulador revocase esa autorización, máxime cuando lo habían solicitado dos ministerios, el de Energía y el de Fomento. Por eso fue una bofetada del regulador. A partir de ahí, las opciones están abiertas, mientras el Gobierno estudia el recurso contra el regulador y tiene de plazo para hacerlo hasta el próximo 8 de marzo. El efecto, en cualquier caso, es claro: alargaría el proceso y dispararía, en consecuencia, los costes financieros para Atlantia, que podría retirarse, y también para ACS, la segunda oferta en liza. La decisión, que depende a su vez del análisis de los servicios jurídicos de los dos ministerios y de la Abogacía del Estado, no supondría gastos adicionales para el Gobierno, sin embargo. El propio ministro Álvaro Nadal ha explicado que la cuestión de fondo es si la CNMV ha interpretado adecuadamente la normativa de opas. Nadal ha explicado también que el Gobierno no tiene que aportar garantías cautelares para recurrir la decisión del regulador e insistir en que se revoque la autorización de la CNMV. Ahora bien, el Gobierno también tiene en cuanta que la apertura de un proceso contencioso-administrativo, con el retraso consecuente de las OPA, podría despertar la venganza de los fondos de inversión. En ese caso, empezarían a desprenderse de sus posiciones en el valor. O dicho muy rápido: venderían como locos, lo que dejaría en un limbo a Abertis y al principal accionista, Criteria. Rafael Esparza